Cada año, desde 1989, el mundo recuerda con ilusión un acontecimiento de inmensa trascendencia para las niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestra casa común: la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un documento lleno de amor y esperanza para que las niñas y niños del mundo tengan una vida con dignidad, justicia y seguridad.
Cada año es necesario revisar si nuestros Estados, sociedades y nosotras y nosotros mismos hemos sabido cumplir con honor este compromiso histórico. Cada año hemos señalado la indolencia, la falta de sensibilidad y la carencia de responsabilidad que los gobiernos y las sociedades tienen frente a la vida de las nuevas generaciones. En muchas partes del planeta, la muerte, el sufrimiento y la tristeza siguen golpeando a las niñas, niños y sus familias. Es difícil de creer pero las enfermedades, las guerras, la pobreza, la desigualdad, el hambre y la violencia siguen cobrando la vida de miles y miles de niñas y niños. Una situación inaceptable.
Ecuador, en los últimos 32 años, a pesar de ser el primer país de América Latina en haber ratificado la Convención, no ha sido un ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones. En algunas ocasiones, el Estado ha actuado bien y en otras ha sido indiferente e irresponsable. Es así como, si bien unas iniciativas políticas, legales y presupuestarias han sido muy positivas, otras han olvidado por completo la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. En resumen, los niveles de incumplimiento que tiene nuestro país en relación con los derechos de la niñez y adolescencia son muy grandes, e impactan negativamente a más de seis millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el Ecuador. Sin lugar a dudas, las cosas han mejorado para nuestras niñas y niños en educación y salud, pero con relación a otros temas, la inobservancia es grave: altos niveles de violencia en todas sus formas, en especial contra las niñas y adolescentes, trabajo infantil, abandono, negligencia migratoria y desnutrición crónica infantil.
Los cambios legislativos y las políticas de austeridad implementadas en los últimos años han sido nefastas para la niñez y adolescencia. Su Sistema de Protección fue desarticulado, su norma específica, el Código de la Niñez y Adolescencia, ha sido debilitado sistemáticamente, los presupuestos han sufrido recortes y los servicios de atención, especializados y específicos, atraviesan graves problemas de financiamiento y capacidad técnica. La crisis sanitaria llegó a develar la alarmante situación que atraviesan los servicios de atención, protección, y la inversión pública para la niñez y adolescencia
Es penoso observar que, 32 años después, aún existan funcionarias y funcionarios públicos que no tienen idea de la convención, de sus principios y sus normas; que, 32 años después, funcionarias y funcionarios públicos desconozcan impunemente los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 44, 45, 46, 175 y 341, que garantizan los derechos a niñas, niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria y establecen un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, especializado para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Lamentamos que, 32 años después, no exista un Plan Nacional de Desarrollo que formule a plenitud los derechos de los más de 6 millones de niñas y niños que viven en el Ecuador ni un presupuesto nacional que contenga los recursos necesarios para garantizar esos derechos.
A 32 años de la Convención, seguimos luchando por un Código Orgánico de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes, y demandando que la Comisión responsable de la Asamblea Nacional demuestre apertura a la participación y deje de lado posturas contrarias a los derechos de la niñez para que, fundamentada en los principio de la Doctrina de la Protección Integral, desarrolle una norma de vanguardia que viabilice la recuperación del Sistema de Protección Integral, especializado y específico, para las niñas, niños y adolescentes del Ecuador.
Seguimos bregando por la existencia de políticas públicas que tengan presupuestos que resguarden la vida de las niñas y niños, por un Sistema eficiente y especializado de protección y por servicios de atención adecuados. Seguimos vigilantes y seguiremos exigiendo sus derechos que garanticen su protección y felicidad, así como, nuestra vigencia como sociedad. Quedamos expectantes a que, 32 años después de la aprobación de la Convención, exista un compromiso nacional de Estado y no de Gobierno, que permita garantizar a cabalidad lo dispuesto en tan importante instrumento internacional de derechos humanos.
Pronunciamiento oficial de:
